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Los orígenes del caso se remontan a abril de 2016, cuando Allende fue arrestado y enviado a una prisión improvisada bajo sospecha de porn0grafía, trata de personas, lavado de dinero y delitos contra las finanzas públicas. El productor de películas porn0gráficas pasó seis meses en prisión antes de ser puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
En concreto, se le acusa de grabar vídeos porn0gráficos con una menor de edad en 2012 y, tras conocer la situación, esperar a que ella cumpliera 18 años para poder publicar los vídeos. También fue imputado por difundir un vídeo sexual en el que aparecía una menor vistiendo la camiseta del Athletic de Bilbao y diciendo «Aúpa Athletic». La víctima no consintió la difusión de las imágenes, pero Torbey las envió a varios jugadores del Club Vizcaya, provocando que se viralizaran.
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Según documentos de la fiscalía, esto provocó en la menor «un trastorno de estrés postraumático de intensidad moderada a alta, produciéndole síntomas severos al revivir el hecho, con recuerdos y sueños que le causaban malestar y la ponían nerviosa». «Afectó gravemente su ámbito personal, familiar y social», lo que le obligó a «abandonar sus estudios y no poder continuar con su proceso de formación».
La fecha para la audiencia oral se fijó luego de que las partes se reunieran el 10 de julio para fijar un cronograma del juicio. Tras esta reunión, Taub y otro acusado, F.J.M.L., negociaron un acuerdo con la fiscalía que se espera sea aprobado el lunes. En el caso del tercer imputado, J.C.P.R., la Autoridad Pública pidió una pena de tres años de prisión por distribuir porn0grafía infantil porque envió las imágenes a la F.J.M.L., quien a su vez insistió en pedírselas al propio Ignacio Allende.
